La Seguridad Jurídica en el Registro Público de la Propiedad

Los treinta y dos Registros Públicos de la Propiedad de México (uno por cada entidad federativa ya que son de competencia local) tienen un problema de falta de seguridad jurídica. Esto afecta al desarrollo económico porque se frenan las transacciones comerciales sobre inmuebles. Es necesario modificar esta realidad, dejar los registros como están no es una opción. La eficiencia de los Registros Públicos de la Propiedad y, con ello, el aumento de seguridad jurídica, puede alcanzarse mediante la modernización de estos registros, básicamente, a través de la migración del sistema manual con el que hoy operan hacia un sistema electrónico. Una primera posibilidad es que los Registros Públicos de la Propiedad trabajen en forma independiente al Registro Público de Comercio (de competencia federal bajo la Secretaría de Economía), ya que hoy lo hacen en forma conjunta, pero lo consideramos innecesario, porque ambos registros llevan una forma de trabajo muy similar y no se requiere duplicar estructuras y gastos. Otra alternativa sería concesionar el servicio a un particular, sin embargo este camino se encuentra con obstáculos legales y políticos, además de que también significaría un nuevo desembolso económico. Existe también la vía de elaborar desde la federación un manual de instrucciones sobre cómo deben modernizar estos registros las entidades federativas, solución que se queda corta porque no otorga la herramienta principal: un sistema computacional que pueda ser único para todo el país. Proponemos como proyecto elegido la total implementación y mejora continua del uso de un sistema computacional que ya existe, el SIGER (Sistema Integral de Gestión Registral), que fue creado por la Secretaría de Economía para cubrir las necesidades del Registro Público de Comercio. No obstante, el SIGER se diseñó también para incluir las necesidades de los Registros Públicos de la Propiedad. Si bien esta solución existe desde 1998, se ha topado con diferentes obstáculos debido a la falta de coordinación entre las autoridades federales y de éstas con las autoridades de los estados y el Distrito Federal, además de que los gobiernos locales no se han convencido de la necesidad de realizar este proyecto y no han querido invertir en el mismo.